La Justicia de EE.UU. falló a favor de la Argentina en la causa YPF. El origen del caso judicial por la nacionalización de la petrolera YPF se remonta a 1993, durante la privatización bajo el gobierno de Carlos Menem, cuando se redactó un estatuto que incluía una cláusula de protección para los accionistas minoritarios. Esta estipulaba que cualquier nuevo controlador (más del 51% de las acciones) debía lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a los demás socios. En 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner, el Congreso argentino expropió el 51% de YPF, que pertenecía en su mayoría a la española Repsol. La defensa argentina, liderada por Axel Kicillof, argumentó que la ley de expropiación, al ser de orden público, prevalecía sobre los estatutos privados de la empresa. Como resultado, los accionistas minoritarios no recibieron compensación. En 2015, el fondo Burford Capital adquirió los derechos litigar de las empresas Petersen, que habían quebrado tras la nacionalización. Burford demandó a Argentina en Nueva York, alegando que el Estado actuó como un inversor privado incumpliendo las reglas de mercado. Tras años de litigios, en marzo de 2023, la jueza Loretta Preska determinó que Argentina era responsable por incumplimiento de contrato y fijó la condena en US$16.100 millones, eximiendo de responsabilidad a YPF S.A. y cargando toda la deuda al Estado Nacional. Argentina apeló, argumentando que la jueza violó la inmunidad soberana. Tras el primer fallo, Burford inició un proceso de 'Discovery' para identificar activos argentinos que pudieran ser embargados. Hace dos semanas, una Cámara de Apelaciones ordenó frenar estos procesos y, finalmente, anuló el fallo de la jueza. La cronología es la siguiente: 1993 — PRIVATIZACIÓN: Se incluye la cláusula OPA en el estatuto. 2008-2011 — ENTRADA DE PETERSEN: La adquiere el 25% de YPF con créditos de Repsol. ABRIL 2012 — NACIONALIZACIÓN: El Congreso expropia el 51% a Repsol; Petersen entra en default. 2015 — INICIO DE DEMANDA: Burford compra los derechos de quiebra y demanda en Nueva York. 2023 — CONDENA INICIAL: La jueza Preska condena a Argentina a US$16.100 millones. MARZO 2026 — ANULACIÓN: La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revoca la condena y ordena revisar todo el proceso.
