El Gobierno argentino, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), acusó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su presidente Claudio Tapia de la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por 7.500 millones de pesos. No obstante, en medio de esta tensión, el gobierno aclaró que no hay un encono particular contra la organización. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, designó veedores para auditar las finanzas de la AFA. Además, expresó su apoyo a la creación de Sociedades Anónimas Deportivas, argumentando que cada institución debería poder decidir su forma de organización. Por su parte, la administración evalúa impulsar una ley para modernizar las normativas que rigen a sindicatos, ONG y sociedades de fomento. El reciente episodio de 'diplomacia paralela' de la AFA, que ayudó en la liberación de un gendarme detenido, fue mal recibido y generó amenazas por parte del entorno del presidente Javier Milei.
