Dos años más tarde comienza el juicio contra cinco de estos manifestantes, que habían estado un día detenidxs en Madariaga, y fueron acusados de resistencia a la autoridad. Lo plantearon como necesario, esto es una lucha colectiva, esto no puede resolverse como unaprobation, sino que hay que demostrar la injusticia y hay que demostrar que el gobierno armó una causa y la llevó a juicio sin tener pruebas. También es importante remarcar que los compañeros tomaron la decisión política de llevar la causa a juicio, porque en lugar de firmar otro tipo de acuerdos para salidas alternativas, el posicionamiento de los compañeros fue ir a juicio. Tenemos que evitar que eso se instale como lógica porque los policías tienden a justificar su accionar. Es el primer juicio a luchadores en este gobierno por lo que será un caso testigo sobre cómo se aplica -y qué resultados tiene- la criminalización de la protesta ejercida por la ultraderecha. Entonces, hay una lucha colectiva porque el resultado de este juicio apunta a que nos sirva a todos colectivamente. Cuando vas a los expedientes las acusaciones no están, o sea, se publicaron nombres de un montón de gente que después no aparece ni siquiera como acusada. Hay una posición bastante más agresiva por parte de este gobierno respecto de la criminalización de la protesta, busca instalar una idea de miedo, de que si vos te manifestás o pretendés poner algún poco de resistencia a las medidas y a la pérdida de derechos, vas a terminar con una causa penal. En primer lugar, lo llamativo en este caso es que aun cuando no hay prueba suficiente, la causa llega a juicio. Y además está el aval que dan la ministra de seguridad y el gobierno a la violencia que se ejerce por parte de la policía y de los comportamientos que tiene la policía en el marco de la Ley antiterrorista. Para dar un ejemplo actual, los detenidos por el 11 de febrero de 2026, la ministra de seguridad sacó titulares con nombres y apellidos y fotos de un montón de personas. Cuando nosotros vamos al expediente y a la prueba, pese a que hay horas y horas de filmaciones de distintos medios de comunicación, no hay una sola filmación que diga o que muestre a ellos haciendo eso de lo que se los acusa. Además, fue una manifestación relativamente pacífica, donde no hubo ningún conflicto y no hubo ninguna situación de violencia, salvo por parte de la policía que horas antes de las detenciones, que se dan a las 22:40 aproximadamente, se habían subido con las motos a la plaza. Esto fue en el marco del Festival de Unidos por la Cultura, que se tuvo que levantar por la represión policial. Así ocurrió también en julio de 2024, donde un montón de compañerxs estuvieron detenidxs 4 o 5 días. -¿Qué implicancias políticas tiene este procesamiento en el contexto de las contrarreformas que lleva adelante el gobierno nacional?-En lo que respecta a las implicancias políticas, es la primera causa que llega a juicio en el marco de las detenciones y la criminalización de la protesta de la era Milei. Significa también no perder el terreno del campo popular que son las manifestaciones y el poder de peticionar frente a las autoridades y reclamar cuando se están vulnerando nuestros derechos. Creemos que es fundamental que los compañeros salgan absueltos, no solamente por la ausencia de prueba en el expediente, sino porque políticamente es muy simbólico y es muy importante poder demostrar que tenemos espalda y tenemos organización para dar esta lucha. También es una de las primeras veces donde la organización de la defensa de los compañeros se encuadra dentro de Red Federal por los Derechos Humanos. Por otra parte, entre las 14 personas que fueron detenidas, había fotógrafos, no eran solamente manifestantes, sino que además había compañeros que estaban cumpliendo otro tipo de rol dentro de la manifestación. -¿Cuáles fueron los procedimientos de las fuerzas represivas y de la justicia para el armado de esta causa? Las detenciones las realiza la Policía Federal. Un compañero incluso, acusado de arrojar piedras, sale en una filmación tocando una flauta melódica como forma de manifestación contra la policía. -En relación con la pregunta anterior, ¿Qué novedades en relación con hechos previos de criminalización supone lo que ocurrió con los detenidos durante las movilizaciones contra la Ley Bases? Venimos trabajando desde hace años en criminalización de la protesta y hemos defendido compañeros que tuvieron causas en diferentes gobiernos. Que se sepa que, si uno va una manifestación, hay un grupo y hay una red de organizaciones y de personas que estamos acompañando para poder garantizar que podamos hacer resistencia frente a este gobierno y a sus medidas. -¿Qué expectativas tienen desde CADeP para este proceso, y qué consecuencias políticas consideran que tiene lo que resulte de este juicio? Jurídicamente hablando no hay elementos para condenar a los compañeros, la única prueba no puede ser un testimonio policial. Está bueno poder valorarlo porque implica una construcción colectiva, que es un poco lo que se está tratando de destruir desde este gobierno. Porque estaría cometiendo una conducta pasible de sanción. -¿Qué te gustaría agregar? Me parece importante que logramos elarmado, con un montón de organizaciones, de una guardia jurídica, de acompañamiento a los casos de criminalización de la protesta. En nuestro país la policía no te puede detener por absolutamente cualquier cosa, se tienen que cumplir ciertos requisitos. Además, la fiscalía no tiene pruebas, salvo los testimonios de la policía. El armado de la causa se basa fundamentalmente en los testimonios de la policía que estuvieron a cargo de las detenciones de cada una de las personas procesadas. Entrevistamos a Peloso para comprender qué novedades represivas se perciben a partir de este caso, y qué importancia tiene para el futuro de las luchas populares en el país. -¿Cuáles son las particularidades de la carátula con la que llevan a juicio a las cinco personas detenidas por la movilización en contra de la Ley Bases?–El dato más relevante respecto de esta causa específica es el hecho de que es una de las pocas causas con la carátula de Resistencia a la Autoridad que llega a juicio. Entonces un policía no te puede decir que en realidad lo detuvo porque le gritó y le molestó algo que le dijo. Lo colectivo es lo que nos va a dar la salida, y en CADeP siempre decimos que las luchas se ganan en la calle. La policía empezó a reprimir sin tener motivos ni siquiera para hacerlo. Dicen que se procedió a detenerlos porque los vieron arrojando piedras o los vieron arrojando una botella o, profirieron insultos y pegaron patadas a la policía. Básicamente la acusación sostiene que en el marco del operativo del 2 de febrero ellos habrían arrojado piedras, botellas, y proferido insultos al personal policial. Somos un grupo de organizaciones de diferentes espacios y con diferentes intereses que nos organizamos en función de poder garantizar una guardia jurídica, poder garantizar que cuando unos compañeros son detenidos en el marco de una manifestación vaya alguien a poder asesorarlos. Entrevista a la abogada Silvia Pelozo de CADeP- Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo. Por Juliana Díaz Lozano | Huellas del Sur. La abogada Silvia Pelozo, junto con Martín Alerete, Marcela Dal Santo y Alexis Panella, son parte de la CADEP y constituyen la defensa de lxs manifestantes. En ese contexto creemos que es fundamental lograr la absolución de los compañeros porque más allá de que es completamente injusto y se trata de una causa donde no hay pruebas en absoluto, tiene que ver con ponderar y valorizar la lucha colectiva que significa eh dar esta batalla. Sin embargo, como dije, no hay una sola prueba fílmica de eso. Ese día la plaza estaba militarizada, porque es una de las primeras veces que Bullrich empieza a plantear que no se podía bajar a la calle, que no se podía cortar la circulación de tránsito. Que tengan abogados que entiendan sobre la temática y que entiendan sobre la defensa de los derechos humanos. O podés llegar a comerte el garrón de estar detenido un día o dos días, ¿no? Se trata de Carlos Denuble, Pedro Esquivel, Joaquín Arrua, Joaquín Gould y Astor Galan Vizgarra. Observamos que ahora la manera de abordar estas temáticas es bastante más agresiva. Es decir, le estás pidiendo a la misma persona que por está cometiendo un delito, o que está cometiendo un accionar que no corresponde, que te explique que no lo cometió. Entonces es una detención arbitraria, que no estuvo justificada en el marco de la ley. En la manifestación del 2 de febrero del 2024 las fuerzas represivas detuvieron a 14 personas en el marco de una de las primeras aplicaciones del Protocolo de Seguridad de Patricia Bullrich.
