El magistrado consideró “improcedente” el planteo y ratificó que la investigación debe seguir su curso, en un expediente que golpea de lleno al corazón del poder del fútbol argentino y expone, una vez más, una lógica de conducción que se creyó intocable. La causa se apoya en una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por retenciones que, según la hipótesis de la investigación, fueron descontadas pero no depositadas en tiempo y forma al Estado. La decisión de frenar el fútbol fue leída como un gesto de poder y, al mismo tiempo, como una admisión de debilidad: cuando una conducción se siente verdaderamente sólida, enfrenta la Justicia con papeles, no con paros. Para el juzgado, en cambio, la cuestión no es ideológica ni deportiva: es penal. Durante años, la estructura de la AFA funcionó como un pequeño Estado con reglas propias, fuerte disciplinamiento interno y capacidad de presión hacia afuera. El mensaje es claro: el expediente no se paraliza, y la agenda judicial no se negocia con presiones públicas. Sin embargo, la reacción de la AFA fue política y corporativa: la entidad resolvió suspender la fecha 9 del torneo local como medida de fuerza, presentando la causa como un “ataque” y sugiriendo una intencionalidad de fondo vinculada a la discusión sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). En la Argentina real, el argumento de “somos una asociación civil” no habilita a quedarse con dinero ajeno ni a especular con el tiempo. La causa abre, además, una discusión inevitable sobre el modelo de poder en el fútbol argentino. Y el núcleo del caso, según la denuncia, no depende de si una asociación civil tiene beneficios o moratorias, sino de si retuvo fondos de terceros y no los ingresó. También es una prueba institucional para la AFA: si su conducción pretende sostener un discurso de legalidad y autonomía, no puede hacerlo a costa de fondos que corresponden a trabajadores y al sistema tributario. Informes incorporados al expediente describen que, mientras el pasivo impositivo crecía, la AFA mostraba ingresos de gran magnitud durante 2025 y habría constituido colocaciones financieras relevantes. En el caso de Tapia, la Justicia ya había habilitado un viaje breve al exterior bajo condiciones específicas y el pago de una fianza, lo que funcionó como señal de que el juzgado está dispuesto a conceder excepciones puntuales, pero no a perder el control del proceso. Para la Justicia, si esos importes se retuvieron y no se ingresaron en el plazo legal, el encuadre penal se vuelve inevitable. En su resolución, el juez Amarante sostuvo que el intento de la defensa de anular la indagatoria no alcanza para desactivar una investigación que ya cuenta con elementos de peso. La investigación apunta a determinar responsabilidades concretas dentro de la estructura: quién conocía, quién autorizaba, quién instrumentaba, y quién se beneficiaba. Como medida cautelar, se mantiene la prohibición de salida del país para los imputados. La discusión no es “si el Gobierno quiere”, sino si hubo una conducta penalmente relevante. Incluso si parte del monto se hubiera regularizado, la pregunta que la Justicia busca responder es anterior y más grave: qué se hizo con el dinero durante el tiempo en que estuvo indebidamente retenido, y si se utilizó para obtener rendimiento financiero. El intento de la defensa de encuadrar el conflicto como persecución política se topa con un obstáculo lógico: la mecánica que se investiga tiene fechas, vencimientos y trazabilidad. El expediente contempla la figura de “apropiación indebida de tributos”, un delito que puede contemplar penas de prisión. Lo que agrava el cuadro es la sospecha de que la falta de pago no estuvo atada a una crisis económica real, sino a una decisión consciente de administrar esos fondos en beneficio propio, una práctica que en la jerga se suele describir como “hacer trabajar la plata”.
