Con la carpeta ya incorporada al circuito judicial, el Gobierno intenta ahora acelerar las detenciones e identificar nuevas responsabilidades, en un expediente que promete escalar mientras el debate laboral continúe atravesando el eje de la agenda nacional.
El Gobierno nacional reactivó este jueves la agenda política y judicial tras los graves incidentes registrados durante la movilización contra la reforma laboral en las inmediaciones del Congreso, y difundió la identidad de cuatro manifestantes señalados como protagonistas de los hechos más violentos, incluyendo la preparación y lanzamiento de bombas molotov y ataques con piedras y objetos contundentes contra efectivos policiales. 'Los identificamos, los vamos a ir a buscar y los vamos a meter presos. Se acabó la impunidad'.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad avanzó con una denuncia penal que endurece la calificación de los hechos y busca sostener que no se trató de un mero desorden callejero, sino de un ataque dirigido contra el funcionamiento institucional. La denuncia fue presentada por el director de Normativa y Legislación de la cartera, Manuel Franco, quien solicitó detenciones y la aplicación de penas 'proporcionales a la gravedad' de los episodios.
El Gobierno identificó a 17 personas involucradas en los incidentes de la marcha contra la reforma laboral, donde lanzaron bombas molotov a la policía. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que aún no están detenidos, pero la Justicia comenzará a trabajar en su captura. También se señaló la destrucción de bienes públicos, incluyendo veredas y elementos del entorno urbano, con la finalidad de obtener proyectiles y atacar a las fuerzas desplegadas.
En el plano político, el oficialismo busca capitalizar el endurecimiento del enfoque de seguridad para sostener que la protesta derivó en una operación planificada por grupos violentos, mientras que sectores críticos denuncian que se utiliza la conflictividad social para criminalizar la protesta.
