El proyecto argentino, tal como fue presentado, incorpora un régimen penal juvenil con herramientas alternativas y un tope de pena para delitos graves. Y, al mismo tiempo, fijó fronteras a las penas aplicables a menores incluso cuando son juzgados como adultos: no pueden recibir pena de muerte por delitos cometidos antes de los 18 años, y se restringen las condenas extremadamente gravosas impuestas de manera obligatoria, porque el derecho norteamericano reconoce que la edad reduce culpabilidad y aumenta la posibilidad de reinserción. Había margen —y necesidad— de diseñar un esquema más operativo, probado y reconocido internacionalmente, como el que rige en Estados Unidos bajo el concepto que sintetiza la mano dura selectiva: “delito de adulto, pena de adulto”. La discusión local suele empantanarse en una falsa dicotomía: o se baja la edad o no se baja. En Estados Unidos no existe una regla federal única, pero casi todos los estados operan con sistemas de “transferencia” para que, ante determinados delitos y edades, un menor pueda ser juzgado en tribunal penal de adultos. En un país donde el delito recluta menores para robar, matar o traficar sabiendo que el costo penal es menor, lo verdaderamente disuasivo no es sólo imputar, sino crear un régimen capaz de escalar el caso a respuesta adulta cuando el hecho lo exige, con reglas claras, audiencias rápidas, evidencia evaluada y sentencia proporcional. Pero un modelo operativo —como el que Estados Unidos desarrolló— es una herramienta. Ese salto puede decidirlo un juez (transferencia judicial), habilitarlo directamente la ley (exclusión estatutaria) o, en algunos estados, activar la acusación directa del fiscal en corte de adultos. Algo que en Argentina sigue faltando: un instrumento rápido y funcional para sacar de la órbita juvenil a quienes cometen delitos de una brutalidad y peligrosidad equiparables a criminalidad adulta. La clave es que ese modelo no es “barra libre” punitiva. Por Daniel Romero. Buenos Aires - 12 de Febrero de 2026 - Total News Agency - TNA. La media sanción que bajó la edad de imputabilidad a 14 años, aprobada en Diputados por 149 votos a favor y 100 en contra, marca un giro político relevante en la discusión sobre seguridad y responsabilidad penal juvenil, es correcta pero no la solucion total, los delincuentes adultos utilizaran menores de 13 años y seguirán asi. También tiene límites constitucionales que lo vuelven más serio que la caricatura. En realidad, lo que distingue a los sistemas que funcionan no es sólo el umbral de punibilidad, sino la arquitectura jurídica para separar lo leve de lo monstruoso, lo ocasional de lo sistemático, lo inmaduro de lo instrumental. Es decir: firmeza, sí; arbitrariedad, no. Esa combinación —severidad selectiva con procedimiento robusto— como siempre, es justamente lo que faltó en el debate argentino. Pero si el objetivo real es proteger a las víctimas, desarticular la utilización de menores por parte del delito organizado y cerrar “zonas grises” que hoy garantizan impunidad en hechos violentos, el Congreso debió ir un paso más allá: no basta con mover la línea etaria. La media sanción baja la edad a 14, pero la discusión pública quedó absorbida por el número. Si el Congreso quiere evitar el “marketing punitivo”, debe blindar el sistema contra dos riesgos: la impunidad en lo grave y el encarcelamiento indiscriminado en lo menor. Por eso, el Senado tiene una oportunidad: mejorar el proyecto incorporando un esquema de transferencia explícito para delitos gravísimos y criminalidad organizada, con estándares de prueba y control judicial, y con una red de ejecución realista. Sin embargo, la norma queda expuesta si no define con precisión quirúrgica un mecanismo de “puente” para los casos extremos: homicidios, secuestros, violaciones, ataques con armas, hechos de criminalidad organizada o participación en bandas que usan menores como fusibles. Ahí es donde el enfoque estadounidense ofrece una lección práctica. Bajar la edad puede ser un mensaje. Y en seguridad, los mensajes no alcanzan: lo que cambia la calle es la herramienta que funciona. Fuentes consultadas: Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos (OJJDP); Corte Suprema de Estados Unidos (fallos Kent v. United States, Miller v. Alabama). Eso es valioso como marco. ¿Qué logra eso? La Corte Suprema estadounidense exigió garantías de debido proceso para la transferencia: no puede ser un trámite automático sin fundamentos ni defensa real.
