La controversia se arrastra desde fines de 2024, cuando la ANSES resolvió retirar dos asignaciones que cobraba la ex presidenta: la pensión derivada de su viudez y la asignación mensual vinculada a su condición de ex jefa de Estado, tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad. En el nuevo pronunciamiento, la Cámara consideró improcedente que el organismo justificara la eliminación de ambos beneficios por razones vinculadas al “honor” o “mérito”, al tiempo que avaló mantener sin efecto —por ahora— el pago correspondiente a la ex presidencia, en la medida en que la condena judicial habilita esa decisión sobre el beneficio personal asociado al cargo. El fallo conocido hoy vuelve a poner en debate si corresponde restituir una prestación de este tipo a una dirigente con condena por corrupción y si debe primar un criterio uniforme para todos los beneficios del mismo régimen, especialmente cuando el componente no contributivo es el corazón del privilegio. Con la resolución de la Cámara, Cristina Fernández de Kirchner recuperará el cobro de la pensión derivada de Néstor Kirchner, mientras continúa la disputa judicial de fondo. La ANSES había fundamentado la quita en la incompatibilidad de seguir percibiendo beneficios de privilegio tras un pronunciamiento condenatorio, mientras que la defensa sostuvo que la administración no podía disponer una pérdida total del derecho sin el recorrido procesal correspondiente, y que el régimen, además, contiene distinciones entre beneficios personales y derechos derivados. En cambio, respecto de la pensión por Néstor Kirchner, el tribunal entendió que el camino administrativo adoptado por ANSES no era el correcto en los términos en que se ejecutó. Más allá de los tecnicismos procesales, el caso volvió a encender el debate público sobre la naturaleza real de estas prestaciones. Sin embargo, durante años existieron interpretaciones judiciales y criterios administrativos que, en determinados casos, habilitaron el cobro simultáneo de una asignación por haber sido presidenta y otra prestación vinculada a la viudez de un expresidente. El pronunciamiento de la Cámara, al menos en esta instancia, inclinó la balanza hacia la restitución del pago por viudez, sin reactivar el beneficio de la ex presidencia. El contraste social subyacente volvió al centro de la escena: mientras el haber mínimo del sistema previsional común en febrero ronda los $359.000, los montos asociados a prestaciones de privilegio históricamente se ubicaron en niveles millonarios. La decisión, adoptada por la Sala III con los votos de los jueces Juan Fantini Albarenque y Sebastián Russo (sin intervención de Nora Dorado, por licencia), se apoyó en un punto técnico: el organismo previsional, según el criterio del tribunal, no podía disponer una “baja” lisa y llana de ese beneficio en esta etapa, sino eventualmente una “suspensión”.
