En la etapa actual, la discusión judicial gira sobre cómo convertir esa declaración de decomiso en una recuperación real de activos, un proceso que involucra inventario, tasación, medidas registrales, eventual remate o administración de bienes, y definición del destino final de lo decomisado conforme a los mecanismos previstos para bienes secuestrados o decomisados. Con el pedido presentado, el expediente entra en una fase de definiciones que exceden lo simbólico: si el tribunal avanza con un decomiso más amplio, se consolidará una de las ejecuciones patrimoniales más significativas asociadas a una condena por corrupción en la Argentina. El pedido se enmarca en la etapa de ejecución patrimonial de la causa Vialidad, un tramo clave del expediente: ya no se discute la responsabilidad penal, sino cómo se efectiviza la recuperación de activos para cubrir el monto de decomiso fijado por la sentencia firme. Según el planteo fiscal, la magnitud del perjuicio económico atribuido a la maniobra de direccionamiento de obra pública exige avanzar con una política de decomiso integral, capaz de alcanzar los valores establecidos por la condena. En ese sentido, los representantes del Ministerio Público señalaron que la nómina inicial de bienes ejecutables resulta insuficiente para cubrir el total fijado por el tribunal, razón por la cual ampliaron el universo de propiedades alcanzables —inmuebles, participaciones y activos vinculados— con el objetivo de garantizar la efectividad de la reparación económica. El eje de la presentación fue la identificación de bienes presuntamente decomisables dentro del período que la sentencia consideró asociado a la actividad ilícita investigada. Si, en cambio, el proceso se traba en impugnaciones o limitaciones probatorias, el decomiso podría demorar años, manteniendo el caso en un terreno de disputa judicial permanente. Por eso, el pedido apunta a que el tribunal habilite medidas de aseguramiento y decomiso sobre un conjunto más amplio de propiedades, incluyendo aquellas que estarían a nombre de sociedades o terceros relacionados. En ese contexto aparece el departamento de San José 1111, un punto de alto voltaje político y operativo por su doble condición: es el lugar donde la ex presidenta cumple la modalidad domiciliaria de su pena y, al mismo tiempo, un inmueble que la fiscalía pretende incorporar al universo de bienes a decomisar. Del otro lado, las defensas suelen plantear objeciones sobre la trazabilidad de algunos bienes, la fecha de adquisición, la titularidad real, y la posibilidad de que se afecten activos que no guardarían relación directa con el hecho probado. El Tribunal Oral Federal N°2 deberá ahora analizar si hace lugar al pedido en los términos solicitados, si lo acota a un subconjunto de bienes o si exige medidas previas de verificación (tasaciones, informes registrales, constatación de titularidad, y cruces societarios). La fiscalía sostiene que varios activos fueron adquiridos, transferidos o reconfigurados a través de estructuras societarias o cambios registrales que, en los hechos, dificultan la ejecución. En la lógica fiscal, cada dilación erosiona la capacidad del Estado de recuperar activos, ya sea por litigiosidad, por el deterioro del valor de mercado o por la posibilidad de nuevas maniobras de reconfiguración patrimonial. Además, cualquier decisión relevante puede escalar a instancias superiores, en un esquema donde cada paso suele gatillar recursos y cautelares, especialmente cuando se trata de propiedades emblemáticas o de alto valor. La ofensiva patrimonial también reaviva el trasfondo del caso: la causa Vialidad sostuvo que el esquema de adjudicación y ejecución de obra pública en Santa Cruz favoreció al entramado empresario de Báez y generó un perjuicio millonario al Estado. Buenos Aires-12 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA— Los fiscales Diego Luciani y Sergio Molas solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de un paquete ampliado de bienes atribuidos a Cristina Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez, con un listado que supera los 140 inmuebles y que incluye el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria. La eventual inclusión no implicaría automáticamente un “desalojo” en lo inmediato, pero sí abriría un escenario complejo: el tribunal debería compatibilizar la ejecución patrimonial con las condiciones de cumplimiento de la pena, además de resolver eventuales oposiciones de la defensa y de terceros que aleguen titularidad o afectación de derechos. El pedido de Luciani y Molas se suma a una secuencia de presentaciones que, desde la firmeza del fallo, vienen presionando para acelerar los tiempos de ejecución.
