En ese marco, el Atlántico Sur se consolida como un nuevo escenario de fricción geopolítica, donde la pesca se convierte en una herramienta estratégica y la defensa de los recursos naturales emerge como un desafío central para la soberanía argentina. Sin embargo, dos años después, especialistas admiten que la frontera marítima argentina continúa siendo vulnerable frente al volumen y la persistencia de las flotas extranjeras. La ZEE argentina, definida en el artículo 5° de la Ley N.º 23.968, se extiende hasta las 200 millas marinas desde la línea de base costera y alberga especies de alto valor comercial y ecológico, muchas de ellas presuntamente endémicas. En conjunto, ese despliegue representaría cerca del 44 % del esfuerzo pesquero mundial, una proporción inédita para una sola nación. La respuesta del gobierno de Javier Milei fue rápida. El Consejo Federal Pesquero (CFP) comunicó al Ministerio de Relaciones Exteriores, conducido por el canciller Pablo Quirno, que no existen objeciones para que el buque Roger Revelle, de bandera estadounidense, desarrolle actividades de investigación científica marina a partir del 5 de marzo de 2026. Se trata de una nave de alta complejidad tecnológica, integrante de la Flota de Investigación Académica de Estados Unidos, que opera habitualmente en distintos océanos del mundo. Desde su asunción en diciembre de 2023, Milei ordenó reforzar el patrullaje del límite de la ZEE, al considerar a la pesca ilegal como una de las expresiones contemporáneas de la piratería. A comienzos de 2024, el Ministerio de Defensa dispuso el despliegue del patrullero oceánico ARA Piedrabuena para intensificar la vigilancia. Según documentos analizados en el Congreso de Estados Unidos, China controla una flota estimada entre 2.000 y 16.000 embarcaciones, dependiendo de si se contabilizan buques con banderas de conveniencia y naves asociadas a milicias marítimas. El doctor Ian Ralby, fundador y CEO de Consilium, una consultora internacional especializada en política y seguridad marítima, alertó que Pekín estaría trasladando al ámbito oceánico el concepto de “posesión adversa”, una doctrina propia del derecho de propiedad anglosajón.
