Argentina enfrenta graves violaciones a los derechos humanos debido a las acciones del gobierno. En el centro de Buenos Aires, la policía y las fuerzas militares bloquean las calles, creando una situación de combate. Estas medidas, conocidas como el 'protocolo antipiquete', violan el derecho a la libre circulación y a la protesta pacífica. Los ciudadanos, especialmente los jubilados, enfrentan dificultades para desplazarse por la ciudad. Las operaciones policiales cuestan al cientos de millones de pesos, mientras que el gobierno intenta incitar el conflicto entre la población y los manifestantes. A pesar de una sentencia judicial que declara nulo el protocolo, las autoridades continúan aplicándolo, lo que genera violencia e intimidación contra los civiles. Una vecina del barrio de Balvanera compartió sus temores: 'Me da miedo salir los miércoles por las operaciones policiales temerarias'. Por su parte, el gobierno culpa a los manifestantes del desorden, intentando ocultar sus acciones represivas.
