La situación de Inés y Analía refleja un escenario nacional donde la vivienda garantizada se ha convertido en un lujo casi inalcanzable. Sus nombres aparecieron en las noticias el marzo pasado tras sufrir un brutal ataque de vecinos, pero hoy enfrentan una nueva tragedia: el desalojo forzoso de su hogar.
En la mañana del 22 de enero, la policía de la ciudad, equipada con armaduras y escudos, irrumpió en su vivienda. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se apresuró a anunciarlo en redes como un éxito contra los "usurpadores", afirmando que la propiedad fue "devuelta a sus dueños". Inés, sin embargo, rechaza rotundamente esta narrativa.
"Somos todos propietarios", argumenta ella. "Si quieren devolver el edificio a los dueños, tendrían que estar devolviéndolo a nosotros".
Las autoridades citaron el riesgo de derrumbe como razón oficial. Sin embargo, los activistas sostienen que es solo un pretexto. Gigi Krein, de las Consejerías de Vivienda, señala que el gobierno ofrece "soluciones que no son soluciones", como paradores, en lugar de alternativas reales.
La tragedia se agrava porque las mujeres perdieron no solo su hogar sino también su sustento. Se dedicaban a la venta ambulante de comida y ahora no tienen dónde cocinar. El subsidio estatal (unos $227.000) es ínfimo comparado con el alquiler promedio (más de $700.000).
El historial de abusos comenzó antes. El 3 de marzo de 2025, el vecino Julián Gabriel Yanes atacó a Ana en el pasillo, apuñalándola. El agresor y su padre, que se sumó a la golpiza, gritaron amenazas de muerte e insultos de odio. A pesar de la gravedad de las lesiones, la causa avanza lentamente.
Los activistas señalan que detrás de la propaganda de "mano dura" y los videos pulidos existe una incapacidad estatal para garantizar el derecho básico a la vivienda. Mientras los funcionarios se enfocan en operaciones de marketing, los problemas reales de infraestructura y accesibilidad permanecen sin resolver.
