La defensa de la competencia en la Argentina volvió a ofrecer una escena digna de sainete hollywoodense-administrativo. Todo comenzó cuando el abogado Guillermo J. Tiscornia, ex juez del fuero penal económico, presentó una denuncia formal a partir de una crónica periodística que encendió alarmas en el sector industrial y energético.
La nota, publicada por Total News Agency el 28 de enero, advertía sobre una eventual práctica distorsiva de la competencia vinculada a la importación de tubos desde la India para un proyecto estratégico asociado a Vaca Muerta. La presentación de Tiscornia se apoyó en la Ley de Defensa de la Competencia y planteó que, de comprobarse los hechos, podría configurarse una infracción al régimen vigente.
Dado que la nueva Autoridad Nacional de Competencia (ANC), creada por la Ley 27.442, nunca terminó de ponerse en funcionamiento, sus funciones siguen siendo ejercidas por la histórica Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Tiscornia, quien conoce desde adentro el sistema, realizó una denuncia técnica y fundada.
Sin embargo, la sorpresa vino de la propia ANC. El organismo respondió con una curiosa misiva que pasará a integrar la antología del realismo mágico burocrático. El correo, firmado por nadie, indica que el caso podría ser "dumping" y que corresponde denunciar ante la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE).
"Estimado, Muchas gracias por ponerse en contacto con la Autoridad Nacional de Competencia (ANC). Le enviamos una guía breve... Además, también le enviamos un instructivo para realizar denuncias."
La paradoja es completa: el organismo que debe defender la competencia parece practicar una forma refinada de incompetencia administrativa. Tanto la CNCE como la ANC dependen del Ministerio de Economía.
El resultado final es elocuente: una denuncia seria sobre un posible caso de dumping en un sector estratégico terminó atrapada entre correos sin firma y derivaciones que nadie concretó. La burocracia sigue compitiendo consigo misma y ganando por amplia ventaja.
