Buenos Aires, 25 de enero de 2026 – Agencia de Noticias Total-TNA- El sorpresivo traslado de la causa por presunto lavado de dinero vinculada a la mansión de Pablo Toviggino desde los tribunales federales a un juzgado de Campana volvió a encender las alarmas en Comodoro Py y puso bajo la lupa a un entramado de operadores judiciales, abogados y vínculos políticos que, según especialistas del fuero, podría estar orientado a despejar el camino judicial del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Si bien aún es prematuro afirmar que el cambio de jurisdicción garantice impunidad, la maniobra fue leída como un motivo de alivio para Toviggino, señalado como presunto dueño en las sombras de una lujosa propiedad en Pilar que figura a nombre de un monotributista y una jubilada. Esa condición abre la puerta a analizar su evolución patrimonial bajo los parámetros aplicables a un funcionario público, un expediente que, de activarse, quedaría en manos de la Justicia federal.
En el centro de la escena aparece el abogado Ignacio Jakim, histórico defensor de Toviggino, señalado como una pieza clave del dispositivo judicial que lo rodea. Jakim no es un recién llegado: ya había intervenido cuando el tesorero de la AFA denunció al juez Miguel Nathan Licht por publicaciones críticas en redes sociales sobre el sistema de ascensos del fútbol argentino.
La secuencia resultó llamativa: cuando todas las miradas se posaban sobre Barral, que debía reincorporarse a sus funciones el 14 de enero, el magistrado postergó su regreso. En su lugar, firmó el traspaso su colega Alberto Lugones, quien avaló el pedido de los presuntos testaferros sin que Barral debiera estampar su firma.
Para varios jueces federales, se trata de una jugada inédita que, de prosperar, sentaría bases para una peligrosa flexibilización de las reglas de competencia judicial. El entramado se completa con la figura del abogado Matías García, exdirectivo de Aguas Bonaerenses durante la gestión de Daniel Scioli y vinculado políticamente a Martín Insaurralde. García mantiene relación directa con el juez González Charvay, ahora a cargo de la causa.
De convalidarse esta práctica, advierten, se abriría un precedente peligroso: el simple cambio de domicilio permitiría a los acusados “elegir juez” según conveniencia geográfica y política. Aunque Mahiques niega haber intervenido en la maniobra y asegura ser ajeno a la decisión, reconoce su amistad con Jakim y con Toviggino.
En este contexto, el traspaso de la causa desde el juzgado de Marcelo Aguinsky hacia el de Adrián González Charvay, en Campana, encendió nuevas sospechas. Allí se definirá si el método aplicado logra consolidarse como una vía de escape judicial o si, por el contrario, la causa retoma impulso y expone una red de intereses que, por ahora, se mueve en las sombras.
