El diputado nacional de Unión por la Patria, Pablo Yedlin, presentó un proyecto de declaración que advierte sobre los riesgos del anuncio de desjerarquización de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyas funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud. En la iniciativa, que cuenta con el respaldo de importantes diputados del principal bloque opositor, el legislador tucumano alertó que la transferencia de funciones al Ministerio de Salud, hoy a cargo de Mario Lugones, se realiza sin un plan integral de transición que garantice la continuidad de las políticas públicas, la preservación documental y la transparencia administrativa. "Estamos ante una medida que no solo debilita la institucionalidad de las políticas de discapacidad en la Argentina, sino que pone en riesgo la documentación en un área que actualmente es objeto de investigaciones judiciales y periodísticas", indicó Yedlin. El texto presentado en la Cámara Baja subraya que la reestructuración podría afectar seriamente la rendición de cuentas, ya que el movimiento de expedientes y la disolución del organismo sin los debidos procesos de control podrían borrar pruebas críticas. El proyecto exhorta al Poder Ejecutivo Nacional a "publicar de manera inmediata los actos administrativos que dispongan la disolución o transferencia de funciones de la ANDIS, junto con sus fundamentos técnicos, presupuestarios y jurídicos". Además, se exige al Gobierno que garantice "la continuidad plena e ininterrumpida de las prestaciones, pensiones, programas y apoyos destinados a personas con discapacidad". Asimismo, se insta a "disponer medidas expresas de resguardo, preservación y custodia de toda la documentación física y digital, incluyendo expedientes, bases de datos, sistemas informáticos y registros administrativos". Se reclama también que el Poder Ejecutivo someta este proceso a "auditorías integrales de los organismos de control competentes y a la supervisión del Congreso de la Nación", y que garantice "la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en el seguimiento de la transición institucional". Finalmente, se exhorta al Gobierno a "cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793) y que estas modificaciones no impliquen ninguna demora en ese sentido".
