En esa distancia entre el papel y la urgencia cotidiana se juega hoy buena parte del descrédito de un sistema que, aun antes de desaparecer, parece haber entrado en una zona de colapso administrativo y sanitario. El argumento sorprende en una entidad que fue concebida precisamente para administrar la cobertura de salud de un universo masivo de afiliados vinculados a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas federales, con una estructura administrativa amplia y experiencia específica en la materia. La pregunta que surge en muchos despachos es tan simple como incómoda: si el organismo no tiene capacidad técnica para definir prestaciones, ¿qué explica entonces su pesada arquitectura burocrática? El trasfondo político también pesa. Esa obligación vuelve todavía más severo el contraste con la realidad que describen usuarios y prestadores: turnos demorados, problemas con medicamentos, reintegros demorados y creciente incertidumbre sobre la atención. La reorganización prevista por el decreto oficial establece que durante la transición debe garantizarse la continuidad de la cobertura para los afiliados que todavía no hayan sido transferidos, especialmente en casos de tratamientos que no admiten interrupción. El ministro de Defensa, Carlos Presti, designó en febrero al coronel mayor retirado Ariel Guzmán como administrador del proceso de transición y liquidación del IOSFA, con la misión de conducir el traspaso de afiliados, personal, activos y pasivos hacia las nuevas estructuras. En ese contexto, el gasto en planificación externa no aparece como una señal de alivio sino, más bien, como un nuevo motivo de desconfianza. Así, mientras la estructura se encamina a su cierre formal, el IOSFA asume otra controversia en un momento en que miles de afiliados no discuten modelos prestacionales en abstracto sino algo bastante más elemental: si podrán conseguir consulta, medicamento o tratamiento a tiempo. Bajo esa conducción transitoria, el sistema debía orientarse a preservar la continuidad asistencial y ordenar el cierre. En otras palabras, el Estado ya resolvió que la estructura actual debe dejar de existir, pero aun así dentro de ese organismo se sigue habilitando un gasto millonario para diseñar el esquema prestacional de una institución en retirada. El dato no sería tan sensible si la coyuntura del sistema fuera estable. Incluso desde el ámbito farmacéutico se advirtió en febrero sobre el riesgo de desabastecimiento por la creciente mora de obras sociales y financiadores de salud, en un contexto en el que la cadena de pagos aparece cada vez más deteriorada. Esa norma creó además dos nuevas entidades, la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), como parte de una reorganización integral del sistema. Sin embargo, la aparición de una contratación de casi 90 millones para modelizar el catálogo de prestaciones, medicamentos esenciales, alcances, exclusiones y costos regionales abre interrogantes sobre la oportunidad real del gasto y sobre quién terminará aprovechando ese trabajo en un esquema institucional que ya está siendo desarmado. A esto se suma otra cuestión sensible. Distintos reportes periodísticos y sectoriales vienen describiendo atrasos con prestadores, suspensión de convenios, dificultades en la dispensa de medicamentos y una deuda que condiciona severamente el funcionamiento diario. Ese cuadro vuelve más áspera la comparación entre la urgencia de los afiliados y el desembolso previsto para consultoría y diseño teórico. Otro punto que profundiza las objeciones está en la propia justificación técnica. Según trascendió del pliego, el IOSFA sostiene que necesita recurrir a especialistas externos porque no cuenta internamente con el perfil profesional necesario para elaborar el programa. La medida quedó plasmada en la disposición DI-2026-145-APN-GG#IOSFA, firmada el 2 de marzo por el gerente general Sergio Maldonado, y vuelve a poner bajo la lupa el manejo administrativo de una estructura que atraviesa una de las etapas más delicadas de su historia. La decisión genera ruido por una razón evidente: el propio Poder Ejecutivo ya dispuso, mediante el decreto 88/2026, el inicio del proceso de disolución y posterior liquidación del IOSFA, con un período de transición de hasta 365 días. Pero ocurre exactamente lo contrario. Buenos Aires-14 de Marzo de 2026-Total News Agency-TNA-En medio de una crisis financiera que ya arrastra una deuda estimada en unos 200.000 millones de pesos y mientras el Gobierno nacional activó formalmente su proceso de disolución, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) autorizó una licitación privada para contratar una consultora externa que elabore un Programa Integral de Prestaciones (PIP) por 86.578.259,04 pesos.
