El ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó un mensaje directo al empresariado para intentar reordenar el debate público sobre la reforma laboral y, en particular, sobre uno de sus capítulos más sensibles para el costo del empleo formal: la reducción de contribuciones patronales para nuevas contrataciones. “No salgo de mi asombro”, escribió el funcionario en X, en un posteo que fue retuiteado por el presidente Javier Milei y que, en el oficialismo, se leyó como un doble gesto: hacia el sector privado y hacia el Congreso, donde el proyecto ya tiene media sanción del Senado y debe enfrentar ahora su tramo decisivo en Diputados. El comentario de Caputo apuntó a visibilizar el impacto del “Régimen de incentivo a la formalización laboral (RIFL)” y del “Fondo de Asistencia Laboral (FAL)”, dos instrumentos incluidos en el texto que aprobó la Cámara alta y que, según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), recortan de manera significativa la carga sobre el empleador cuando se incorpora un trabajador bajo los parámetros del nuevo régimen. La cuenta oficial, hacia adentro, es simple: con media sanción del Senado, el Gobierno necesita exhibir respaldo sectorial para blindar el proyecto en Diputados y amortiguar la ola de judicialización que —como ya admiten en tribunales— podría comenzar apenas la norma sea promulgada. En el plano económico, el Gobierno intenta instalar que el costo de contratación —especialmente para el primer empleo o para la formalización— es el núcleo de la resistencia a tomar personal. “Les bajamos las cargas patronales un 85% para los nuevos empleos y no se habla del tema”, enfatizó Caputo. Y en el plano empresarial, la reacción fue más ambigua que la esperada por Caputo: cámaras y entidades valoran el alivio sobre cargas pero, al mismo tiempo, advierten que sin crecimiento sostenido, crédito y previsibilidad macroeconómica, el incentivo puede ser insuficiente para disparar una ola de empleo. La oposición, en cambio, insiste en que el paquete reconfigura derechos y traslada costos a los trabajadores y al sistema previsional, además de abrir una disputa judicial amplia por cambios en el fuero y en la mecánica de conflictos laborales. En ese marco, el posteo de Caputo tuvo también un componente de presión: si el empresariado no celebra en público una rebaja que el Ejecutivo considera histórica, el oficialismo teme perder un aliado clave en la batalla cultural y legislativa por la reforma. Con la reforma, esa presión bajaría levemente para grandes empresas y en mayor medida para pymes, mientras que para los trabajadores comprendidos en el RIFL descendería con fuerza durante los 48 meses de vigencia del esquema. En la medición de carga conjunta de aportes personales y contribuciones patronales, el informe sostiene que la Argentina figura entre los países con mayor peso relativo sobre el costo laboral total. En el plano político, el oficialismo sostiene que la reforma busca dinamizar el mercado laboral formal y recortar la litigiosidad. Finalmente, al calcular la cuña fiscal completa —aportes, contribuciones e impuesto a las ganancias— el análisis concluye que el impacto agregado sobre un trabajador promedio también se reduce, de manera marginal para el empleo formal estándar, y de forma más visible para quienes ingresen bajo el paraguas del RIFL, donde la cuña bajaría hasta el 27,8% del costo laboral total. En el Gobierno interpretan estos números como munición política para la etapa final de negociación parlamentaria: el argumento es que la reforma no solo flexibiliza reglas, sino que baja el “precio” de contratar en blanco. En la primera métrica, la Argentina aparece con una carga patronal del 21,2% del costo laboral total, ubicándose en la parte alta del ranking. De acuerdo con esa estimación, las contribuciones del empleador por un nuevo empleado bajarían del 27% actual al 15% durante 48 meses. La discusión, sin embargo, se mueve en varios planos a la vez. En esa misma línea, el informe agrega que, al considerar en conjunto aportes personales y contribuciones patronales, la llamada “cuña” pasaría del 44% al 32%, una reducción de 12 puntos porcentuales respecto del salario bruto. Tras la incorporación de los mecanismos FAL y RIFL, ese peso disminuiría, con una mejora más marcada para los casos encuadrados en el régimen especial de formalización.
